Los escándalos por presuntos abusos sexuales a menores han costado ya a la Iglesia católica a nivel internacional más de dos mil millones de dólares, aseguran los estadounidenses Michael Bemi y Patricia Neal, en el simposio organizado por el Vaticano para afrontar los escándalos de clérigos pederastas.
Michael Bemi, del National Catholic Risk Retention Group, de Vermont, y Patricia Neal, directora del programa de protección de niños VIRTUS, manifestaron en la tercera jornada del simposio, que se celebra en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, que esos casos han tenido “profundas consecuencias negativas” para la Iglesia católica, “cuyo corazón han perforado”.
Cuando se habla de ese monto, dos mil millones de dólares, según los activistas, Michael Bemi y Patricia Neal, ese dinero se pagó en los acuerdos a los que se llegó en las demandas puestas por las víctimas a las diócesis, en juicios, asesoramientos legales, terapias para las víctimas y seguimiento de los agresores, entre otras.
Según la información difundida el miércoles de esta semana, los dos expertos aseguran que no hay hasta este momento una valoración a las miles de víctimas, niños y adultos vulnerables, cuyas vidas cambiaron para siempre; que no se puede cuantificar el precio de las víctimas de abusos que se quitaron la vida por la desesperación y que simplemente han analizado los daños causados a la Iglesia por estos escándalos.
Sobre las presuntas víctimas que sufrieron abusos, Bemi y Neal señalaron que todavía no existe un estudio a nivel mundial, pero que sólo en EEUU se estima que fueron unas cien mil personas, a las que hay que sumar los cientos de víctimas de los casos denunciados en Irlanda, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, India, Holanda, Filipinas y Suiza, entre otros países.
Indicaron que los escándalos sexuales, además de destruir a miles de personas y costar una cantidad de dinero que podía haberse destinado a la construcción de hospitales, escuelas, seminarios o iglesias, causaron enfermedades y trastornos psíquicos, emocionales y sexuales a las víctimas, así como traumas familiares.
Y no menos grave es el severo daño a la institucionalidad de la Iglesia católica, provocando reacciones en cadena, entre muchas, que se sospechara de todos los sacerdotes y laicos, con graves repercusiones en la perdida de fieles, devotos y adeptos.
Por su parte el fiscal del Vaticano, Charles Scicluna, quien participa en el simposio, dijo que es erróneo e injusto aplicar la “ley del silencio” ante los casos de pederastia y afirmó que la Iglesia tiene la obligación de cooperar con las autoridades civiles.
“Es esencial esa cooperación. El abuso sexual a menores no es sólo un delito canónico, se trata también de un delito perseguido por el Derecho Civil”, destacó en términos enérgicos Scicluna. El prelado señaló que reconocer y admitir la verdad completa, “con todas sus dolorosas repercusiones y consecuencias”, es el punto de partida para una curación auténtica, tanto de la víctima como del autor de los abusos.
Scicluna manifestó que las víctimas tienen que ser escuchadas con atención y ser tratadas con dignidad cuando se embarcan en el “agotador” viaje de la recuperación y la curación y que, por ello, es necesaria la ayuda de expertos. Scicluna resaltó que en el sacerdocio y en la vida religiosa no hay lugar para quienes dañan a los jóvenes y aseguró que ninguna estrategia de prevención de los abusos por parte de la Iglesia funcionará si carece de credibilidad.
El fiscal del Vaticano Charles Scicluna destacó la importancia que tiene que el abusador reconozca su pecado, su delito y su responsabilidad por los daños causados a las víctimas, a la Iglesia y a la sociedad.
Charles Scicluna fue más allá cuando también subrayó la importancia de que los obispos esclarezcan la verdad de lo ocurrido en el pasado. Y ello es necesario -agregó- “para evitar que se repitan, para garantizar que se respeten plenamente los principios de la justicia y, sobre todo, para curar a las víctimas y a todos los afectados por esos crímenes abominables”.
El fiscal se refirió a las medidas adoptadas por Benedicto XVI en 2010 contra la pederastia, entre ellas la ampliación de 10 a 20 años del tiempo para denunciar los abusos y la introducción del delito de adquisición, posesión y difusión de pornografía infantil por parte de los clérigos.
Al simposio asistieron ciento diez representantes de conferencias episcopales y treinta superiores religiosos, que participaron en una vigilia penitencial en la que el cardenal Marc Oullet, prefecto de la Congregación para los Obispos, pidió perdón a Dios y a las víctimas por los abusos sexuales cometidos por clérigos, que, dijo, son “fuentes de vergüenza y un escándalo enorme”.
Fuente: EFE/
