La Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó una denuncia sobre el caso de San Juan Ozolotepec y emitió un comunicado señalando que los casos de intolerancia religiosa están creciendo en México, especialmente en las zonas rurales y las regiones con una población indígena significativa.
La organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) ha pedido al gobierno de México demandar a los funcionarios locales porque estos son los responsables del injusto encarcelamiento y tortura de cuatro cristianos entre el 5 y el 8 de noviembre, en el estado de Oaxaca, al oeste de México.
El reverendo Leopoldo Alonso, líder de la Iglesia Cristiana Pentecostal en , y tres miembros de su iglesia, Manuel Martínez Silva, Miguel Silva Reyes y Plácido Aragón, fueron detenidos el 5 de noviembre por órdenes del presidente municipal, el cual había determinado la destrucción de la Iglesia Pentecostal, el 4 de noviembre.
Los cuatro hombres fueron puestos en libertad el 8 de noviembre después de que funcionarios del gobierno viajaran al lugar para intervenir con la policía estatal. Los cuatros hombres cuando fueron ingresados al hospital local, mostraron señales de que habían sido severamente golpeados.
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Las amenazas contra los protestantes fueron por primera vez en mayo, cuando miembros de la iglesia hicieron una declaración pública pidiendo la intervención del gobierno estatal en respuesta a las amenazas del presidente municipal, Pedro Cruz González.
Los miembros de la iglesia dijeron que Cruz González, los había amenazado de quemarlos y arrojarlos dentro de un cañón si no renunciaban a su fe. Cuando los funcionarios del gobierno no respondieron, la situación empeoró. En julio, un miembro de la iglesia, Vicente Aragón Hernández, fue detenido por Cruz González.
Los líderes municipales señalaron que su detención era un castigo por oponerse públicamente en contra de la situación de San Juan Ozolotepec. Ante la falta de la acción continua por el gobierno estatal, la situación se tornó violenta cuando Cruz González dio la orden de “demoler el templo, linchar, encarcelar y torturar” a los miembros de la iglesia Pentecostal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó una denuncia sobre el caso de San Juan Ozolotepec y emitió un comunicado señalando que los casos de intolerancia religiosa están creciendo en México, especialmente en las zonas rurales y las regiones con una población indígena significativa.
El Dr. Jorge Lee Galindo, experto en libertad religiosa y de conciencia en México dijo que enviaron una delegación de la CSW al país, sin embargo los incidentes de intolerancia religiosa se siguen produciendo en algunas partes de México, en cierta medida, debido una cultura de impunidad.
“El gobierno, en ocasiones decide sólo actuar para calmar la situación, pero rara vez emprende acciones legales contra los responsables de estas violaciones. Las autoridades locales señalan que no hay consecuencias reales para actos de violencia y exclusión contra las minorías religiosas, por lo que estos casos aumentan y se multiplican”.
El director ejecutivo de CSW Mervyn Thomas, dijo: “Es imperativo que el gobierno mexicano tome acciones legales inmediatas contra los responsables de este horrendo crimen. Si el gobierno del estado no tiene la capacidad o la voluntad de hacer cumplir la ley, el gobierno federal debe intervenir. La libertad de religión está garantizada por la Constitución mexicana y el derecho internacional para que todos los mexicanos disfruten de su derecho fundamental a elegir y practicar su propia fe”.
