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Se oficializa mecanismo para expulsar a evangélicos en sectores conflictivos de México



 Desde hace seis años, los cristianos en Huejutla, Hidalgo (México) no pueden ejercer con libertad sus creencias religiosas, al grado de que han sido apedreados, amenazados de muerte y finalmente expulsados de sus propias tierras por un grupo minoritario de católicos que les exigen pagar cuotas para las fiestas tradicionales.

El pasado 14 de julio fueron expulsadas 7 familias de la comunidad “Los Parajes”, entre ellos varios niños que no pueden regresar a la escuela, ya que sus padres se negaron a firma un documento en donde les exigían renunciar a sus creencias evangélicas y sólo “pagar una multa”, pues su religión “afecta la tranquilidad de la zona”, según sus acusadores.
Desde entonces, las familias duermen en un predio que les presta el Gobierno Municipal encabezado por Alejandro Nava Soto, quien nada ha podido hacer para que los católicos respeten la ley en México que otorga la libertad de credo para cualquier persona.
El problema se “resolverá en breve”, a decir de algunos funcionarios, cuando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Municipio otorguen recursos económicos y materiales para comprar un predio y construir viviendas para los expulsados, lo cual sentaría un precedente negativo para la vida democrática y la sana convivencia entre las distintas religiones que existen en México, pues justificaría las expulsiones en México.

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Se oficializa mecanismo para expulsar a evangélicos en sectores conflictivos de México



 Desde hace seis años, los cristianos en Huejutla, Hidalgo (México) no pueden ejercer con libertad sus creencias religiosas, al grado de que han sido apedreados, amenazados de muerte y finalmente expulsados de sus propias tierras por un grupo minoritario de católicos que les exigen pagar cuotas para las fiestas tradicionales.

El pasado 14 de julio fueron expulsadas 7 familias de la comunidad “Los Parajes”, entre ellos varios niños que no pueden regresar a la escuela, ya que sus padres se negaron a firma un documento en donde les exigían renunciar a sus creencias evangélicas y sólo “pagar una multa”, pues su religión “afecta la tranquilidad de la zona”, según sus acusadores.
Desde entonces, las familias duermen en un predio que les presta el Gobierno Municipal encabezado por Alejandro Nava Soto, quien nada ha podido hacer para que los católicos respeten la ley en México que otorga la libertad de credo para cualquier persona.
El problema se “resolverá en breve”, a decir de algunos funcionarios, cuando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Municipio otorguen recursos económicos y materiales para comprar un predio y construir viviendas para los expulsados, lo cual sentaría un precedente negativo para la vida democrática y la sana convivencia entre las distintas religiones que existen en México, pues justificaría las expulsiones en México.